¿El Jurassic Park argentino o un negocio para desconfiar? 

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Por Fernando Oz

Francisco Javier Ortiz de Artiñano Jiménez es un español que ejerce como cónsul honorario de México en la República de Estonia, un país que hasta 1989 estuvo bajo el amparo de la Perestroika y ahora es uno de los epicentros de los escándalos de lavado de dinero de la Unión Europea. El diplomático tiene una veintena de empresas a su nombre, a la que se suma su nueva apuesta enfocada en la explotación de casi 25 mil hectáreas de Selva Paranaense, al noreste de la Argentina, en uno de los pulmones del planeta. Un negocio que en un año generaría unos 600 millones de dólares.

El socio del español vinculado al círculo del poder mexicano es Ricardo Morales Bosch, un empresario uruguayo con oficinas en World Trade Center (WTC), un área especial de Montevideo desde la que se pueden hacer transferencias internacionales sin pagar impuestos, entre otras ventajas tributarias.

Lo que parece ser una mina de oro se encuentra en la localidad misionera de San Pedro, un pueblo de no más de 32 mil habitantes donde la naturaleza aún le gana al hombre. Para llegar al corazón de las 25 mil hectáreas hay que hacer un trayecto en camioneta, más unas dos horas caminando, y mediodía hasta llegar al límite, donde se encuentra Brasil.

En el camino, el espesor del monte esconde Pumas, yaguaretés, y hasta cazadores furtivos, contrabandistas de madera o de lo que fuese. En el área se encuentran los parques provinciales Esmeralda, de 31.569 hectáreas, y Moconá, de 999 hectáreas, así como la Reserva de Biosfera Yabotí, de casi 230 mil hectáreas entre otras zonas de preservación.

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Gerardo Barreto llegó a San Pedro a los 19 años para estudiar la carrera de guardaparque y no se fue más. Ahora, cuando ya cruzó las cuatro décadas de edad, trabaja como empleado en el sector de obras públicas del municipio. Hace unos años se presentó como candidato intendente y perdió. Hora está entusiasmado porque le prometieron ser intendente del megaemprendimiento Green Bond Meter (GBM), la firma que creó Ortiz de Artiñano Jiménez junto a su socio uruguayo para explotar el monte sin tocar una hoja.

Barreto no oculta su pasión por el proyecto. “Allá, toda esa parte, dónde están los pinos”, apunta con su dedo índice a lo lejos. Luego se queda en silencio, espera un gesto de aprobación de quienes lo escuchan y, cuando se cerciora de que todos hayamos entendido lo que dice, continúa con su explicación: “Bueno, sacaremos los pinos para poner plantas nativas que vamos a germinar en los viveros que van a construirse. También abriremos un laboratorio, y sólo se va a transitar con autos eléctricos que comprará la compañía”.

Barreto tampoco oculta su amor por la fauna autóctona. “Acá pondremos a todos los animales salvajes que anden por la zona”, cuenta mientras se queja por la baja señal que hay en la ruta que parte el gigantesco terreno en lo que parece pintar como una suerte de Jurassic Park. El ex guardaparque, que no mide más de 1,70 metro y parece un hombre rudo, cree que “a los animales hay que acostumbrarlos. Facilitarles la comida, la seguridad”.

Y cuenta: “se van a instalar torres de control, fibra óptica, paneles solares, cámaras térmicas para detectar el calor y otras más a lo largo de los 17 kilómetros que tiene de frontera con Brasil. Y —sigue adelantando— todo se va a monitorear con seguridad, las 24 horas, desde el centro de operaciones. El que quiera va a poder ver su pedazo de parcela desde cualquier parte del mundo”, explica quién mantiene una mano en el bolsillo al tiempo que con la otra dibuja en el aire el mapa de las 25 mil hectáreas e indica el lugar en el que estará ubicado un propio “cuartel de bomberos, dónde se dictarán cursos para los guardaparques”.

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Lo que en síntesis hará Green Bond Meter es vender “servicios ecosistémicos”, entre ellos bonos de carbono, mediante criptomonedas. ¿Qué tiene que ver Estonia en la cuestión? Es uno de los países con la mayor cantidad de cuentas en monedas virtuales en el mundo y el epicentro del lavado de dinero ruso detectado por la Interpol y por organismos no gubernamentales como Transparencia Internacional.

El carbono que produce la conservación de la selva es mensurable, cuantificable y vendible en instrumentos financieros como los denominados bonos verdes. Sin embargo, los países aún no han podido ponerse de acuerdo para establecer estándares unificados de medición y comercialización. Se intentó avanzar en 2015 durante la Cumbre de Cambio Climático de París, pero las negociaciones fracasaron. El próximo cónclave será Glasgow, Escocia, en noviembre.

Pese a esa situación, GBM ya inició sus operaciones para captar clientes que estén dispuestos a pagar una parcela de un metro cuadrado de monte nativo por 1,09 dólares. En realidad, lo que se vende es el derecho a exigir la preservación del sumidero de carbono de esa pizca de terreno. El “propietario” podrá pedir la restauración del capital que invirtió. La adquisición se pagará a través de una criptomoneda que se llamará GBM Coin.

Es decir que, si se tiene en cuenta que cada token cuesta 1,09 dólares por metro cuadrado, el precio total por las 25 mil hectáreas es de unos 250 millones de dólares. Mientras dure la etapa de capitalización, que finalizará en octubre, el valor de la criptomoneda se elevará hasta los 3,80 dólares. La firma cree que se recaudarán más de 600 millones de dólares para esa fecha.

Según una investigación del sitio La Voz de Misiones, el objetivo final de la empresa con sede en Estonia y Uruguay es que, en el plazo de un año, se pueda pedir el capital natural y asignarle un valor a cada metro cuadrado, con lo cual, al tener un respaldo tangible en toneladas de carbono, el token de GBM se convertirá en lo que se conoce como “stablecoin”, lo que implica menor volatilidad.

Según los periodistas que investigan el caso, esa medición permitirá además la emisión del GBM Bono, un activo de carbono que los tenedores de GBM Coin podrán comprar al cincuenta por ciento del valor antes de su salida al mercado, y que después podrán comprar y vender a su gusto.

La emisión del bono se renovará anualmente, a la par de la medición correspondiente que actualice el precio del metro cuadrado. Ese proceso se repetirá a lo largo de un siglo —la vida útil de la criptomoneda—, tras lo cual Green Bond Meter promete donar las tierras al Estado para la creación de una reserva pública.

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GBM alquiló esas tierras, con opción a compra, a la firma maderera Forestal Belga S.A, que ya viene depredando el monte desde hace años, pero todavía no lograron afectar ni el 10 por ciento de esa superficie. Sugerente general es Guillermo Videla.

Para no mezclar las modernas criptomonedas con esas maravillosas y salvajes tierras, el predio será administrado por una fundación que se armará a tal fin. Bajo ese paraguas jurídico con semblanza benéfica, resguardará cada centímetro de lo que se denominará Reserva GS1 para respaldar las arcas de GBM, cuyos dueños estarán arrodillados rezando para que aumente la cotización del Bono de carbono y, por ende, de la salvadora moneda virtual que crearon para los millonarios que quieran seguir incrementando su patrimonio.

Para que GBM pueda obtener diferentes certificaciones, los terrenos donde se cultivarán los bonos de carbonos no deben pertenecer a un área calificada de protección ambiental, tienen que ser privados y deben estar siendo explotados y vacíos de habitantes. Todos los puntos se cumplen a excepción del último.

Antonio no recuerda hace cuánto tiempo viven las tierras por donde pasará una sembradora de criptomonedas. Cuenta que tenía siete años cuando trabajaba en la zona llevando agua a los que hacían el camino o se dedicaban a la tala de árboles.

Hoy, con 86 recién cumplidos, nos alcanza con amabilidad una silla de plástico, un balde y un cajón de cerveza para que nos sentemos. Sus manos son fuertes y llevan los surcos como huellas del tiempo y de una vida dura. Un perro flaco se acomoda entre nosotros. Otro más grande se encuentra acostado en un colchón debajo del toldo de lona y bolsas de consorcio estiradas. “Tengo dos años más de los 86, 88, porque en realidad soy brasileño, de 1933: acá fue donde me anotaron tarde para hacerme los papeles”, confiesa después de estar un tiempo en absoluto silencio.

Desde hace “un tiempo”, los inquilinos de esas tierras no lo dejan “cortar monte”, pero igual Antonio agradece que le permitan morir donde siempre vivió. Además, logró que le permitan seguir plantando su magra producción de maíz, mandioca, yerba y tabaco, que vende a un costo irrisorio en el mercado local. Pero sus ojos brillan cuando explica que le han prometido un trabajo para el mayor de sus ocho hijos.

“Él firmó un compromiso en papel, dijo que estaba bien, a nosotros no nos dieron una copia de nada. Ahora hay que ver qué hace el español”, agrega su primogénito cuando llega en una moto al humilde campamento que tiene montado su padre. De todos modos, dice estar contento porque le prometieron un trabajo y pagaron por adelantado todo lo que estaba sembrado.

Antonio es un hombre de palabra y tiene confianza en Guillermo Videla, el propietario de Forestal Belga y verdadero dueño de esas tierras. Durante su vida tuvo seis patrones, recuerda antes de asegurar que los documentos que le hicieron rubricar “estaban bien. Yo acá puedo quedarme toda mi vida”, reafirma con la sonrisa de quienes todavía obran de buena fe.

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En misiones hay 21 parques bajo la custodia del gobierno provincial. “Acá, en la zona de San Pedro, existen muchas hectáreas de preservación y somos muy pocos: con veinte guardaparques no hacemos nada”, advierte Diego, uno de ellos, antes de reconocer que “está fallando el órgano de control, el Ministerio de Ecología. Hace falta más gente, más técnicos, más recursos para cuidar el medio ambiente”, el caso de Forestal Belga y los negocios millonarios que se arman detrás no parece preocuparlo.

“Hay discusión sobre el tema público y privado, igual creo que no está mal, siempre y cuando haya una real preservación de la biodiversidad que hay en este pulmón”, explica Diego.

Patricio Lombardi es ministro de Cambio Climático de Misiones.  En principio, dice desconocer las acciones de GBM y sostiene que “el Estado argentino todavía no ha fijado posición respecto al mercado de carbono”.

Entre tanto, los investigadores de La Voz de Misiones se comunicaron con Verra —la organización internacional sin fines de lucro que tiene sede en Washington, Estados Unidos, y otorga una de las validaciones más reconocidas de estándares de carbono verificado—, para consultarle sobre el avance en la certificación del carbono del proyecto Green Bond Meter.

Ángelo Sartori, su director para América Latina y el Caribe, respondió vía mail sobre la relación con la empresa estonia – uruguaya: “Verra no está actualmente vinculado con ninguna plataforma operada por esta empresa”, sentenció y agregó: “revisamos nuestro sistema de registro y no teníamos nada a su nombre en esa fecha. Siendo 19 de abril de 2021, Y revisando nuevamente nuestro Sistema de Registro, no encontramos nada a nombre de GBM”. 

No obstante, tal respuesta, según el CEO de Green Bond Meter, Juan José Núñez, un joven abogado y empresario que se desempeñó como funcionario de la Municipalidad de Zárate, “ni el presidente nos puede prohibir hacer esta acción; ejercemos un derecho”. Al mismo tiempo que vende como “la primera moneda virtual que genera incidencia real en la conservación y la restauración”, no tiene reparos en reconocer que la oferta es una excelente oportunidad de, aparte de proteger la naturaleza, hacer buenos negocios.  ∞

¿QUÉ SON LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS? 

Se trata del conjunto de beneficios que un ecosistema le aporta a la sociedad en relación a la salud, a la economía y la calidad de vida en general de las personas.

Los servicios ecosistémicos hacen posible la vida humana, por ejemplo, al proporcionar alimentos sanos y nutritivos, así como agua limpia. Además, la regulación de las enfermedades y el clima, la polinización de los cultivos y la formación de suelos son otros de los principales beneficios.

También existe la posibilidad de generar explotación sustentable de los recursos naturales y ofrecer beneficios recreativos, culturales y espirituales, como emprendimientos turísticos amigables con el ambiente.La captación del dióxido de carbono —el gas de efecto invernadero por excelencia— es uno de los principales beneficios de la conservación de las masas boscosas, que lo retienen y lo liberan a la atmósfera en forma de oxígeno puro, facilitando el acercamiento virtual de delincuentes.